VISITA DE LA COMISIÓN DE PAZ DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA A CÚCUTA
Este 17 y 18 de agosto, congresistas de la Comisión de Paz en su labor de control político dialogarán en distintos espacios con líderes y lideresas sociales, víctimas, personas en proceso de reincorporación e instituciones encargadas de la implementación sobre cómo va la implementación del Acuerdo de Paz en la subregión PDET Catatumbo.
El encuentro contará con la presencia de 6 congresistas: Humberto De la Calle, senador independiente; Alirio Uribe, Pacto Histórico y copresidente de la Comisión de paz; Cristian Avendaño y Duvalier Sánchez, Partido Alianza Verde; Diógenes Quintero, CITREP Catatumbo; Karen Manrique CITREP Arauca; Jairo Cala, Partido Comunes. También asistirán asesores de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora Lorena Ríos, Partido Colombia Justa y Libres; y Gloria Flórez, Senadora por el Pacto Histórico.
En relación con la implementación, en esta región convergen una serie de problemáticas relacionadas con la presencia histórica de economías ilícitas y el control territorial y social de grupos armados. A esto se suma, que los reincorporados no han podido adelantar procesos colectivos y la reparación a las víctimas avanza lentamente.
A continuación, a partir de una serie de entrevistas a actores locales e investigaciones del proyecto Del Capitolio Al Territorio junto con la Fundación Ideas para la Paz se presenta algunas cifras claves sobre el Acuerdo de Paz en esta región:
- Frente a la situación de seguridad territorial, a pesar de que hay una reducción en el desplazamiento forzado y homicidios, han aumentado los casos de extorsión en la subregión del Catatumbo.
“Según datos del Ministerio de Defensa, hasta junio de 2023 se han denunciado 29 casos de extorsión. De continuar con esta tendencia, el año cerraría con cerca de 58 casos, lo que lo convertiría en el segundo año con mayor número de registros desde el 2015” hace referencia el informe.
Además, el secuestro en la región muestra una tendencia al alza. Según datos del Ministerio de Defensa, en 2022 se registraron 14 casos, en contraste, a junio 2023 se han registrado 11 casos de secuestro.
El aumento de los casos como extorsión y secuestro en la subregión son una muestra del control social de los grupos armados. La población se ve afectada por restricciones a la movilidad, imposición de justicia de facto y de normas de conducta. Adicionalmente las instituciones enfrentan obstáculos para desarrollar sus funciones relacionadas con la implementación.
Por otro lado, la región del Catatumbo es uno de los territorios del país en los que más se presentan ataques contra la Fuerza Pública. Lo anterior ha derivado en una disminución de las acciones de la Fuerza Pública, pues se sienten “maniatados” y “acorralados”, lo cual ha permitido el control social de los grupos armados y su accionar político.
“De hecho, durante 2022, Norte de Santander fue el segundo departamento con mayor número de miembros de la Fuerza Pública heridos o asesinados en todo el país (132 hechos), solo superado por Antioquia (137)1” esto según datos de la base de datos de ataques a la Fuerza Pública del Ministerio de Defensa Nacional de acuerdo con el informe preliminar a la visita que harán congresistas al Catatumbo.
La Región del Pacífico y Catatumbo son las que reportan mayor tasa de cultivos de coca. Según el Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos de UNODC, en el caso de la subregión del Catatumbo, las hectáreas de coca en 2020 eran de 40.116 mientras que en el 2021 ascendieron a más de 42 mil ha, lo cual representa un incremento del 6%.
Además, Norte de Santander es el departamento con mayor porcentaje de familias retiradas del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos con un 25,1% del total inscritos.
Según el informe del proyecto Del Capitolio Al Territorio junto a la Fundación Ideas para la Paz, “El Catatumbo es la segunda región con más áreas sembradas con cultivos de coca, aportando el 21% del total nacional. Tibú es el municipio con mayor concentración de cultivos de coca que tiene Colombia con cerca de 22 mil hectáreas”.
Respecto a los otros puntos del Acuerdo de Paz:
Reforma Rural Integral:
En la subregión del Catatumbo hay:
- 18 proyectos de OCAD Paz terminados por $58.366 millones de pesos.
- 152 obras PDET terminadas por $17.037 millones de pesos.
- 2 Obras por Impuestos por $17.037 millones de pesos.
Las obras PDET no han sido satisfactorias para las comunidades. Líderes y lideresas manifiestan que los proyectos que son implementados por las entidades territoriales y nacionales no han contado con una participación efectiva por parte de ellas y no tienen claridad sobre el origen de los recursos.
Reincorporación:
- En la subregión habitan 496 personas en proceso de reincorporación, 50 se encuentran en el Antiguo Espacio de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Caño Indio, Tibú.
- 487 (97%) personas tienen acceso a un proyecto productivo desembolsado. 1 Base de datos de Ataques a la Fuerza Pública del Ministerio de Defensa Nacional.
- Desde la firma del Acuerdo de Paz a 2022 se han presentado 19 homicidios a firmantes de paz.
Uno de los aspectos que caracteriza la reincorporación en esta subregión es su dispersión. Las condiciones geográficas de la región, el déficit en la infraestructura vial y el control social ejercido por los grupos armados que hacen presencia en el territorio, dificultan la consolidación de procesos organizativos de firmantes del Acuerdo, así como la consolidación de liderazgos políticos entre los reincorporados.
Víctimas del conflicto armado:
- En la subregión Catatumbo, hay 86.690 víctimas sujetas de atención, de las cuales se han indemnizado el 8,14% (7.056 personas).
- La ruta de reparación colectiva está regazada. En Catatumbo sólo hay 5 Sujetos de Reparación Colectiva identificados; sin embargo, ninguno ha culminado la implementación de su Plan Integral de Reparación Colectiva.
- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) priorizó el departamento de Norte de Santander como subcaso del macrocaso 003 “Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Respecto a esto, se han adelantado procesos de aporte a la verdad y reconocimiento de responsabilidad, y la JEP emitió una resolución de conclusiones. Sin embargo, debido a las condiciones de seguridad del territorio, se han presentado obstáculos para la participación de las víctimas en el Sistema.
- La Secretaría Ejecutiva de la JEP ha certificado 16 Trabajos, Obras o Acciones con contenido Restaurador o Reparador (TOAR). Todos han sido presentados por comparecientes de las antiguas FARC.
Oficina de prensa
Cristian Avendaño
Representante a la Cámara por Santander